0
0
El informe técnico y jurídico presentado por la Veeduría Ciudadana “Ojo al Arte” expone supuestas anomalías contractuales, duplicidad de costos y privatización del espacio público en eventos administrados por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes).
La Veeduría Ciudadana “Ojo al Arte” (reconocida legalmente mediante Resolución PDRCAL 21-831 de la Personería de Bogotá) presentó un extenso informe técnico y jurídico que consolida hallazgos sobre la ejecución presupuestal, administrativa y logística de los Festivales al Parque y programas de fomento cultural en Bogotá.
El documento, elaborado con base en respuestas a derechos de petición, traslados institucionales de entes de control y registros públicos del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II), reúne una serie de observaciones sobre los procesos de contratación adelantados por el Instituto Distrital de las Artes (Idartes) y sus operadores entre los años 2024 y 2026.
Principales aspectos señalados en el informe
- Gestión de convenios y costos operativos:El informe señala que mediante Convenios de Asociación (como los convenios Nos. 1794-2025 y 1718-2026 suscritos con la Asociación Cultural Teatro R-101 por más de $13.361 millones) se terceriza la operación de los festivales. Según la Veeduría, de forma paralela el Idartes ha suscrito contratos independientes para cubrir rubros operativos como logística de campo, seguridad, salud, backline y transporte por montos que superan los $4.121 millones, situación que, según la veeduría, requiere una revisión sobre la distribución exacta de las cargas presupuestales.
- Acceso a soportes contables y pronunciamiento institucional:La Veeduría expuso que, en respuesta a requerimientos de información (Radicado No. 20263000081801 del 5 de octubre de 2026), Idartes indicó que los extractos bancarios de la entidad sin ánimo de lucro operadora son documentos internos de la misma y que la totalidad de los contratos e impresos de pago individuales a artistas no reposan de manera consolidada en los archivos directos de la entidad al estar los convenios en fase de ejecución.
- Explotación del espacio público y marcas comerciales:El documento documenta que los acuerdos de patrocinio con marcas privadas (como Bavaria, Vans, Electrolit, Aguardiente Amarillo y BBC) han sido suscritos directamente por el operador privado y no por Idartes. El informe destaca casos como la inclusión del “Escenario BBC” en el Festival Rock al Parque 2026, donde se incorporaron 21 agrupaciones al margen del Programa Distrital de Estímulos (PDE).
- Contratación de servicios técnicos y del sector:En materia de infraestructura, la investigación documenta concentraciones de mercado en rubros como el suministro de backline y sonido. Señala la adjudicación acumulada a firmas como Audio Daz P.A. System S.A.S. (106 contratos estatales por más de $20.989 millones, de los cuales más de $5.020 millones corresponden a Idartes) y 4 Cuartos Música S.A.S. (49 contratos por $8.198 millones). Según la veeduría, la estructuración de especificaciones técnicas en los pliegos ha limitado la participación equitativa de otras pequeñas y medianas empresas (Mipymes) del sector.
- Contratación directa y pagos por derechos de autor:El informe cuestiona la utilización reiterada de la modalidad de contratación directa para la vinculación de personal de apoyo a la gestión, así como el incremento en los montos asignados al contrato de derechos de autor con SAYCO, el cual pasó de $178 millones en 2024 a más de $1.229 millones en la vigencia 2026 (Contrato No. 1682-2026), argumentando que dichos pagos se efectúan de forma global sin un cruce previo de planillas de repertorio por canción.
- Denuncias por trabas al control social:Los integrantes de la Veeduría Ciudadana expusieron haber enfrentado dificultades para acceder a la documentación contable completa, además de reportar situaciones de hostigamiento y acciones judiciales inhibitorias que han sido puestas en conocimiento de la Personería de Bogotá y la Veeduría Distrital.
Solicitud a los órganos de control
En el marco de la Ley 850 de 2003 (Estatuto de Veedurías Ciudadanas), la Veeduría Ciudadana “Ojo al Arte” precisó que el informe remitido a la Fiscalía General de la Nación, la Contraloría de Bogotá, la Procuraduría General de la Nación y la Personería Distrital constituye un traslado de hallazgos para que sean las autoridades competentes quienes verifiquen la validez de los hechos, evalúen la materialidad probatoria y determinen las responsabilidades penales, fiscales o disciplinarias a que haya lugar, bajo el respeto al debido proceso y la presunción de inocencia.
Más allá de las implicaciones administrativas, este debate toca la fibra más sensible del ecosistema musical de la ciudad: la equidad en el acceso a los estímulos, la transparencia en la contratación de la infraestructura técnica y el respaldo real a la escena independiente. De la claridad que se dé a estos hallazgos dependerá la confianza de los músicos, productores y del público en un modelo de Festivales al Parque que históricamente ha sido bandera de la cultura pública en Bogotá.
